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Género

El aborto no punible bajo la sombra de la iglesia

3 Jul , 2015  

Recientemente, el Ministerio de Salud difundió un Protocolo actualizado para la realización de abortos no punibles (ANP) de aplicación obligatoria en los centros de salud tanto públicos como privados. El protocolo tiene todos los claroscuros que caracterizan la actual etapa del progresismo político. Para empezar, se trata simplemente de establecer las directivas para la realización de abortos de acuerdo a lo que ya estipula el Código Penal argentino en su artículo 86, es decir, para los casos de violación, de violación a una mujer discapacitada mental o de peligro para la vida o la salud de la mujer gestante. La actualización tiene que ver con que el protocolo se adecúa al fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación que eliminó la ambigüedad del artículo, así como la obligatoriedad de la denuncia penal para acceder al ANP.

Pero además, el actual protocolo contiene ciertos gestos simbólicos que han seducido al sector progresista, hambriento en el contexto de la campaña presidencial de Scioli. Por ejemplo, no utiliza estrictamente la denominación de ANP, sino la de “interrupción legal del embarazo”, enfatizando un corte por la positiva; realiza una caracterización actualizada de la realidad del aborto clandestino y de la tasa de mortalidad materna; contempla a los varones trans como sujetos de derecho; considera la salud de la mujer de acuerdo a la conceptualización amplia de la OMS. Además, el documento contiene explícita la aclaración de que: “El presente Protocolo es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”.

Pero, como nos tiene acostumbrados, el progresismo contemporáneo es caro a los símbolos y falso en las definiciones. El protocolo todavía no cuenta con resolución ministerial, lo cual puede significar su incumplimiento en la práctica. Además, es importante aclarar que el documento no genera derecho, sino que interviene sobre lo que ya está legislado y ya tiene jurisprudencia. Es decir, marca las pautas que los efectores de salud deben seguir para el cumplimiento efectivo del artículo 86 del Código Penal, de acuerdo a la interpretación que la Corte dejó asentada en el fallo F.A.L.

El peligro del incumpliendo se amplifica si tenemos en cuenta la reacción de la iglesia católica que no se hizo esperar. La Federación de médicos católicos (!) de América Latina criticó el protocolo porque les quita autonomía, direcciona las prácticas médicas y vulnera su “derecho” a la objeción de conciencia. La Conferencia Episcopal salió al cruce sin demora para continuar su política sistemática de condicionar los derechos de las mujeres, y explicitó su rechazo a un protocolo que, según los obispos, “obliga a impulsar el aborto” (Clarín, 24/6/2015). Quizás haya sido como consecuencia de estas repercusiones que Adriana Álvarez, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y quien firma la introducción del documento, haya dejado inmediatamente su puesto en el Programa. Si tenemos en cuenta que el protocolo no genera derecho sino que reglamenta lo que ya está legislado, la reacción de la iglesia contra él no es más que un irrespeto a una ley que ya existe.

Es sabido que el gobierno nacional es susceptible a las declaraciones de la iglesia de Bergoglio. Ya a principios de año, Aníbal Fernández aclaró que la legalización del aborto “no está en la agenda del gobierno”, para silenciar las declaraciones del entonces flamante Ministro de Salud, Daniel Gollan. De todos modos, la contundencia de la marcha de “Ni una menos” y una de las consignas que allí levantaron las organizaciones feministas, “Ni una menos por abortos clandestinos”, interpelan fuertemente a los funcionarios que se ven obligados a responder a través de determinadas políticas públicas.

Ahora bien, después de más de una década de progresismo mediático, el ANP indica la ineficacia de los parches tibios en las políticas de género. En los últimos años, se sucedieron fallos para garantizar la aplicación del ANP, manifestaciones públicas de ciertos funcionarios y políticos, y algunos protocolos, nacionales y provinciales, pero el acceso a este derecho aún sigue siendo un camino espinado por las negativas de los hospitales públicos, los objetores de conciencia y los jueces susceptibles a los aprietes de cualquier grupo “pro-vida” que presente un recurso de amparo para evitar lo que es, sencillamente, la concreción de un derecho. Sin una ley de interrupción voluntaria del embarazo que garantice la educación sexual para decidir, la anticoncepción para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para toda mujer que así lo desee, los parches tibios del gobierno van a seguir balanceando el péndulo a favor de la iglesia y en contra de los derechos de las mujeres, incluso de las que ya desde ahora están contempladas en la ley.



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